En los últimos años, España se ha consolidado como uno de los países líderes en generación de energía renovable. Solo en 2024, más de la mitad de la electricidad producida fue de origen renovable, y se prevé que esa cifra siga aumentando hasta alcanzar, según los objetivos nacionales, un 81 % en 2030. Este avance representa una excelente noticia en términos de lucha contra el cambio climático y reducción de emisiones. Pero al mismo tiempo, está generando un debate profundo sobre cómo se está produciendo ese despliegue y qué consecuencias tiene en el territorio.
La paradoja del éxito
El crecimiento acelerado de las renovables ha puesto de relieve una realidad compleja: la transición energética no es solo una cuestión tecnológica o climática, también es territorial, social y ambiental. Lo que comenzó como una carrera por sustituir combustibles fósiles, se ha convertido en una carrera de fondo donde entran en juego muchas más variables: desde la planificación eléctrica y el diseño del sistema hasta la ocupación de suelo agrícola o natural, pasando por la aceptación social o la equidad territorial.
La instalación masiva de grandes parques solares y eólicos en zonas rurales está levantando tensiones. En muchos casos, los proyectos se han concentrado en áreas con poca población o escasa capacidad de respuesta institucional, generando una sensación de falta de control o de participación real. A menudo, no se cuestiona tanto la tecnología como el modelo de implantación.
¿Crisis de modelo o falta de planificación?
Lo cierto es que en algunos puntos del país ya estamos empezando a ver los límites del modelo actual. La red eléctrica no siempre está preparada para absorber toda la energía generada. Durante 2024, se tuvo que cortar el suministro renovable (lo que se conoce como curtailment) en varios momentos, lo que supone una pérdida de eficiencia y dinero. Además, la falta de respaldo energético —baterías, almacenamiento o generación firme complementaria— ha contribuido a una mayor inestabilidad del sistema, como se evidenció en el apagón de abril de este año.
Lejos de ser un problema exclusivo de las renovables, esto revela una debilidad estructural del sistema energético: falta planificación y coordinación entre los diferentes elementos que lo componen. La solución no pasa por frenar el desarrollo renovable, sino por hacerlo de forma ordenada y con visión de conjunto.
La importancia de evaluar y ordenar
Aquí es donde cobra especial relevancia el papel de la evaluación ambiental y la planificación territorial. La transición energética no debe hacerse a costa del territorio ni del medio natural. Pero tampoco podemos permitirnos el inmovilismo. Lo que necesitamos son herramientas que permitan integrar los proyectos en el entorno de forma compatible, equilibrando producción, biodiversidad, paisaje y usos tradicionales del suelo.
No todos los suelos son iguales. No todos los proyectos tienen el mismo impacto. Por eso, la clave está en identificar las zonas más adecuadas, minimizar los efectos sobre la fauna y los ecosistemas, y fomentar modelos de implantación más integradores. Por ejemplo, proyectos agrovoltaicos, instalaciones en entornos ya transformados o incluso sobre cubiertas industriales, pueden ser alternativas que reduzcan la presión sobre el medio rural.
Ni entusiasmo ciego ni rechazo total
En este contexto, es importante alejarnos tanto de la defensa acrítica del despliegue renovable como del rechazo absoluto y sin matices. Hay voces que, con razón, denuncian impactos ambientales y sociales preocupantes. Pero también hay discursos que exageran o ignoran la urgencia climática que enfrentamos. El verdadero reto es avanzar hacia una transición energética justa, democrática y compatible con el territorio.
Desde Sama Natura apostamos por esa tercera vía: una transición que no sacrifique el entorno, pero que tampoco paralice el cambio necesario. Creemos que es posible, y sobre todo necesario, construir un modelo energético más limpio sin repetir errores del pasado. Pero para lograrlo, necesitamos planificación, evaluación rigurosa y diálogo constante entre administraciones, empresas, técnicos y comunidades locales.
Solo así conseguiremos que las renovables no solo sean sostenibles en su origen, sino también en su implantación.
